Auditoría forense confirma desfalcos elecciones en el exterior 2020
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Mientras el doctor Yomare Polanco, postulado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ultramar por la circunscripción #1 de Estados Unidos, acude a los tribunales y espera una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre lo que ha denunciado como desastre electoral, una auditoría forense ordenada por el periódico El Faro Latino, reveló desfalcos en el manejo de los fondos asignados para el montaje de los comicios.
La auditoría fue realizada por la empresa Disla Doñé y Asociados, entre el 28 de enero y el 25 de febrero 2021. El periodista Esteban Cabrera, editor de El Faro Latino explicó que su trabajo abarcó el periodo cubierto desde el 11 de marzo de 2021 al 02 de diciembre del 2020, según los documentos entregados por la Junta Central Electoral (JCE).
El escarceo fue dirigido por Juan Tomás Disla auditor supervisor, José Ramón Aybar Auditor Encargado y Eufemia Mora Familia Auditor Integrante.
Cabrera dijo que todos los detalles de la auditoría forense serán publicados en El Faro Latino y otros medios estadounidenses y de la República Dominicana a comienzos de esta semana.
Los auditores dijeron que el examen tuvo el objetivo de encontrar y demostrar actos ilícitos que sirvan de pruebas en un proceso judicial contra las persona o instituciones que los practicaron durante las elecciones generales del año 2020.
También determinar que las transacciones pagadas cumplan con los requisitos de soportes, verificar la devolución de sobrantes, determinar la existencia razonable de los pagos realizados y determinar que el movimiento del dinero sea real.
“Se aclara que el funcionario responsable durante la ejecución del presupuesto
esto fue el ingeniero Gilberto Cruz Herasme”, añaden los auditores en referencia al director del voto dominicano en el exterior, suspendido junto a otros funcionarios por la comisión investigadora de pleno de la JCE, basándose en evidencias preliminares.
La auditoría muestra pagos sin ningún soporte por rentas de locales, servicios variados, transporte, pagos de cursillos electorales sin contratos y pagos a miembros de las OCLEEs sin soporte, mientras docenas de recibos y facturas usadas como supuestos soportes no son elegibles.
También empresas que fueron registradas hasta casi dos meses después de las elecciones.
