1 de diciembre de 2021

Regidores del PLD aseguran transferencia pretende hacer la ASDE es ilegal

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El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró que el incumplimiento del pago a los empleados en la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), es debido a las pretensiones de la administración del cabildo de querer imponer una transferencia de fondo de 300 millones de pesos, a todas luces ilegal.

En un comunicado enviado a este medio los regidores explicaron que dicha transacción no está acorde a la realidad del municipio y viola la ley 176-07 en su artículo 21 y 326 los cuales versan sobre las transferencias de un capitulo a otro, ya que en dicha transferencia lo que se pretende es llevar del capítulo de inversión y/o obras al capítulo de pago de personal, aumentada de  31 millones de pesos mensuales a 58 millones de peso, sobrepasando el tope establecido por la ley de un 25% a un 41%.

Agregaron que siempre estarán al lado de las comunidades y sectores de nuestro municipio.

Afirmaron que su función es fiscalizar y garantizar el cumplimiento de lo presupuestado y de la ley y que de aprobar esa transferencia se dejarían de construir las obras pautadas en el presupuesto participativo y demás obras reclamadas por los munícipes.

Manifestaron que ellos sienten las calamidades por la que atraviesan  los empleados de la alcaldía, debido a la falta de planificación de la administración que al parecer han  llegaron a dirigir el ayuntamiento sin un plan de trabajo.

Sostuvieron que su único objetivo es encaminar al  municipio por el camino del desarrollo y bienestar, perdido.

Aclararon que  las administraciones anteriores, se manejaron con un presupuesto menor que la actual y  tuvieron mejores resultados.

Al contrario de esta administración que solo procura crear una percepción de desarrollo no acorde con la elaboración de un presupuesto a la situación real del municipio y de lo que estipula la ley.

El bloque de regidores del PLD, fue enfático en señalar que los gobiernos locales se rigen por un  principio de legalidad presupuestaria con rango constitucional.

Ninguna erogación de fondo puede provenir de autoridades competentes, sin estar establecida en el presupuesto.


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