Defensa de Adán Cáceres alega graves inconsistencias en acusación del Ministerio Público
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La barra de abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre reiteró las debilidades en las pruebas que, a su juicio, hacen insalvable la acusación del Ministerio Público.
Mediante un despacho periodístico, los juristas sostuvieron que las irregularidades abarcan desde fallas en auditorías oficiales hasta contradicciones entre las propias pruebas presentadas por el órgano acusador.
En primer lugar, señalaron inconsistencias en la auditoría del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en relación con las nóminas. Explicaron que, aunque la acusación sostiene la existencia de un mecanismo de sustracción de fondos mediante “empleados fantasma”, la supervisora de auditoría de la Cámara de Cuentas admitió en audiencia que dichas personas no figuraban en los registros oficiales de personal, sino únicamente en un listado proporcionado por el Ministerio Público, cuyos integrantes declararon bajo juramento no haber recibido fondos del CUSEP. Estas declaraciones constan en el acta de la audiencia pública del 3 de septiembre de 2024.
En segundo término, la defensa cuestionó las auditorías realizadas al propio Cáceres Silvestre. Indicó que la auditora Alexandra Chevalier Pérez reconoció no haber tomado en cuenta múltiples fuentes de ingresos del imputado, incluyendo durante todo el período de su gestión: más de RD$8.2 millones en viáticos por viajes al extranjero; RD$4.5 millones de salario por rango en el Ejército; RD$2.5 millones por nómina de la Presidencia; RD$7.9 millones por especialismo; RD$24.7 millones por el cargo como jefe del CUSEP; RD$7.4 millones por salario de su esposa; RD$3.7 millones por intereses financieros; RD$1.2 millones por viáticos de viajes internos y RD$2.3 millones por concepto de alquileres.
Asimismo, admitió que nunca solicitó información a ninguna institución ni al propio Cáceres sobre dichos ingresos. Estas declaraciones figuran en el acta de audiencia del 22 de abril de 2025.
Las comprobaciones financieras de ingresos de Cáceres figuran en documentos oficiales y en un peritaje ordenado por el tribunal, que establece ingresos totales de RD$64 millones, sin contar los generados por financiamientos para la adquisición de propiedades.
De igual forma, destacaron que pruebas aportadas por el propio Ministerio Público reflejan que los ingresos percibidos por Cáceres corresponden en un 98 % a pagos de nómina, certificados de depósito e intereses, según el dictamen pericial AF-002-2022 del INACIF.
En esa misma línea, la defensa denunció que el Ministerio Público, luego de ignorar la mayoría de los ingresos referidos, tasó las propiedades de Cáceres tomando como referencia el precio de mercado a la fecha de la acusación (2022), en lugar de determinar su costo al momento de ser adquiridas.
En cuanto al supuesto ocultamiento de bienes, los abogados calificaron la imputación como contradictoria. Aseguraron que tanto la vivienda familiar como una casa en construcción constan en las declaraciones juradas de Cáceres, documentos que incluso fueron incorporados como pruebas por el propio Ministerio Público.
Otra de las inconsistencias señaladas se refiere al manejo del almacén del CUSEP. La defensa argumentó que la auditoría omitió considerar registros logísticos clave, como los formularios de control de inventario (tarjetas de almacén), que documentaban entradas y salidas de mercancías y fueron debidamente incorporados al juicio por la defensa. Además, presentaron testimonios que confirman la existencia de controles físicos y revisiones periódicas que, según sostienen, imposibilitan la ocurrencia de los hechos narrados por el Ministerio Público.
Asimismo, cuestionaron el supuesto ocultamiento de la participación de Cáceres en la empresa CSNA Universo Empresarial. Según indicaron, el Ministerio Público obvió certificaciones oficiales suministradas por el Registro Mercantil para plantear una participación inexistente. Dichas certificaciones fueron incluidas en informes preparados por el propio órgano acusador, a través de su Unidad de Investigación Criminal.
Por otro lado, respecto a la supuesta propiedad de Cáceres sobre el local donde opera la Iglesia Bautista Vida Eterna, la defensa señaló que durante el juicio se incorporó el certificado de título del inmueble, cuya descripción atribuye la titularidad a dicha entidad. Indicaron además que testigos propuestos por el propio Ministerio Público aseguraron que Cáceres nunca se comportó como propietario del referido inmueble. Relataron que su participación se limitó exclusivamente a la gestión del préstamo para la compra del local, que posteriormente fue pagado por la propia iglesia.
Sobre las distintas fincas que la acusación adjudica a Cáceres, la defensa expuso que dicha imputación se sustenta en certificaciones del Consejo Estatal del Azúcar, cuyos contenidos dan fe de que el imputado nunca ha realizado operaciones con esa entidad, ni de manera personal ni a través de terceros.
En cuanto a las alegadas irregularidades en el manejo de los fondos de inteligencia del CUSEP, la defensa afirmó que estas contrastan con certificaciones oficiales emitidas por la propia entidad, la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, que constan en el expediente y establecen la imposibilidad legal de suministrar registros sobre este particular, así como el tratamiento especial del uso y destino de dichos fondos por su naturaleza de seguridad nacional. No obstante, el Ministerio Público mantuvo su acusación sobre este aspecto, pese a su —según la defensa— evidente improcedencia.
“Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal”, concluyó la defensa.
El proceso judicial contra Cáceres Silvestre continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en medio de un debate marcado por cuestionamientos a la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
