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La Asociación de Bancas de Loterías de Santo Domingo Oeste (ASOBALSO) denunció al senador por la provincia de La Romana, Eduardo Espíritusanto, del partido Fuerza del Pueblo, por presuntamente promover la instalación de bancas de lotería que, según la entidad, estarían operando de manera ilegal en distintos sectores de esa demarcación.

La organización aseguró que los nuevos establecimientos estarían siendo ubicados en violación de las normativas que regulan el sector, al instalarse a menos de 200 metros de otras bancas que funcionan legalmente desde hace años.

Asimismo, sostuvo que varias de estas bancas han sido colocadas en las proximidades de centros educativos, iglesias y clubes deportivos, lo que, a juicio de sus representantes, afecta la convivencia comunitaria y contraviene las disposiciones establecidas para este tipo de negocios.

De acuerdo con la asociación, unas 30 bancas de lotería han sido abiertas en menos de un mes y existirían planes para habilitar alrededor de 150 establecimientos adicionales en los próximos días.

Los denunciantes señalaron que las nuevas operaciones se encuentran distribuidas en sectores como El Palmar, El Café, El Libertador, El Abanico de Herrera, Bayona, Manoguayabo, Los Alcarrizos y Pantoja.

Ante esta situación, la entidad ha enviado diversas comunicaciones al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para que investiguen las denuncias y determinen si estas operaciones cumplen con los requisitos legales correspondientes. Sin embargo, según ASOBALSO, las autoridades no han dado respuesta a sus reclamos.

La Asociación de Bancas de Loterías de Santo Domingo Oeste afirmó que esta situación afecta directamente a los empresarios que han realizado inversiones bajo el marco regulatorio vigente y advirtió sobre el impacto económico que podría generar en el sector.

Además, indicó que Eduardo Espíritusanto mantiene vínculos con el negocio de bancas y apuestas, al tiempo que destacó su condición de vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo.

Finalmente, la organización solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, al considerar que la expansión de estos establecimientos representa una amenaza para la estabilidad del sector y para miles de familias que dependen de esta actividad económica.

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