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El miembro de la Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP) y exregidor de Santo Domingo Este, Alfredo Pichardo, expresó su profunda consternación y dolor por el asalto y la invasión domiciliaria que cobraron la vida de la esposa del reconocido merenguero Julián Oro Duro y mantienen al artista en estado de extrema gravedad.

Pichardo manifestó que este horrendo hecho ha consternado a la sociedad dominicana y demuestra, de manera dramática, que las autoridades no pueden permitir que la seguridad ciudadana se les vaya definitivamente de las manos.

«Cuando los delincuentes no respetan ni la intimidad ni la vida de las familias en sus propios hogares, la autoridad del Estado ha sido desafiada. El Gobierno y la Policía Nacional no pueden seguir actuando con contemplación; la ciudadanía exige un freno inmediato y determinante contra el crimen», aseveró Pichardo.

El principio de autoridad y el respeto a la ley

El dirigente político recordó que, en momentos críticos de la historia reciente del país, la delincuencia entendía con claridad el peso de la ley.

Puso como ejemplo las gestiones policiales encabezadas por Pedro de Jesús Candelario y Guillermo Guzmán Fermín, períodos en los cuales, según afirmó, la criminalidad sabía que cualquier acto de violencia o desafío al orden público sería repelido con firmeza y determinación por las autoridades competentes.

«En esas gestiones existía un mensaje claro: la calle no era de los delincuentes. Había una doctrina de respeto al principio de autoridad que inhibía al crimen organizado y común de cometer atrocidades como la que hoy enluta a la familia de Julián Oro Duro. Ese sentido de disuasión y protección ciudadana es el que ha desaparecido y el que urge recuperar», afirmó el exregidor.

Una crisis que afecta a todas las comunidades

Pichardo sostuvo que este caso se suma al clima generalizado de desprotección que sufren a diario miles de familias, especialmente en zonas vulnerables como la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este, incluidos los sectores Los Mina, Los Tres Brazos, Katanga y El Invi.

Asimismo, señaló que esta situación se extiende a diversos puntos del Gran Santo Domingo, donde, según explicó, los comunitarios le manifiestan constantemente su preocupación por la falta de patrullaje efectivo y el incremento de la violencia.

Llamado urgente al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo

Ante este escenario de zozobra, Alfredo Pichardo reiteró la necesidad de que el Congreso Nacional ejerza su función fiscalizadora sobre las estrategias de seguridad vigentes y demandó al Poder Ejecutivo un giro radical en las políticas públicas de combate al delito.

«No podemos permitir que el miedo encierre a los hombres y mujeres de trabajo mientras los criminales se adueñan de las calles y de las casas. El Estado tiene que enviar una señal contundente e inequívoca de que el crimen tendrá consecuencias inmediatas y severas», concluyó Pichardo.

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