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El dirigente político y empresario dominicano radicado en los Estados Unidos, Yomare Polanco, pidió a los miembros del Tribunal Constitucional, revisar la sentencia TC-0136-23.

«Quisiera pensar que este no ha sido voluntario, no puedo creer que se ha utilizado el poder para encubrir y proteger a los corruptos que desfalcaron más de cinco millones de dólares de los fondos públicos, Destacando, que esos recursos fueron destinados a organizar las elecciones del 5 de julio del año 2020 en los Estados Unidos», dijo Polanco en declaraciones dadas en una rueda de prensa.

Dijo que de igual manera, para proteger a los que desacataron la sentencia 793-2020 del TSE, los cuales en vez de revisar y contar el 6% de las boletas que fueron declaradas nulas, decidieron criminalmente quemarlos, desaparecerlos y/o contaminarlos; obstruyendo la justicia y conculcando el derecho constitucional a los dominicanos residentes en Estados Unidos de elegir y ser elegibles.

«Es evidente que la sentencia TC-0136-23, emanada por ustedes el 23 de marzo del año 2023, además de ser contradictoria e incoherente es una aberración y adefesio jurídico que refleja complicidad y apoyo a la corrupción y a la impunidad», sostuvo.

“Por eso nos vemos obligados a pedirles a nuestros abogados en los Estados Unidos de América que sometan a cada uno de ustedes en la Corte Federal bajo la ley R.I.C.O., contra el crimen organizado internacional, bajo el expediente donde se están procesando a la Junta Central Electoral y a Julio Cesar Castaños Guzmán, al PLD, al gobierno dominicano, al Consulado Dominicano en NY, y a todos aquellos protagonistas de los eventos delictivos cometidos en las elecciones del 5 de julio del año 2,020 en USA a nivel Congresual”, señaló Polanco.

Dijo que «sus acciones causan un daño inmenso a nuestra comunidad dominicana en el exterior, a nuestra gente honesta y trabajadora y, por ende a todo el país, por lo que esperamos, puedan tener el valor y la honorabilidad para revisar sus errores, entre los que figuran: 1) La negación de mis derechos constitucionales y los de mis votantes.
2) La negación del debido proceso a las victimas afectadas (incluyéndome a mí).
3) La inadmisión del caso por yo haber renunciado del PLD con razones de más a mi favor y después de pasar más de dos años de haber sometidos la instancia al TC.
4) Y la inadmisión del caso por considerar en su sentencia a PRO-ERD como un Partido o movimiento político, cuando en realidad PRO-ERD es una organización comunitaria (ONG) registrada en el Estado de Pensilvania, USA, sin fines de lucros.

Finalmente, enfatizó de manera enérgica “entendemos que existen razones de más, para ustedes revisar y revocar la Sentencia No.TC/0136/23, reivindicarse y reivindicar nuestra diáspora en los Estados Unidos (USA)”.

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