Tribunal Federal Estados Unidos notifica a Julio César Castaños Guzmán
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El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán y Gilberto Antonio Regil Cruz Herasme, fueron notificados, tras una larga investigación para dar con el paradero de ambos, ya que supuestamente la JCE se negó a entregar, a pesar de tener ambas direcciones en su base de datos.
Las citaciones, a las que el periódico El Faro Latino dijo tener acceso, del Tribunal Federal de Distrito Este del Estado de Pensilvania, a solicitud del doctor Yomare Polanco.
Agrega que supuestamente el Estado dominicano, la JCE, el consulado dominicano de New York, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exfuncionarios de esa organización política, son acusados de participar en un fraude electoral a la tercera diputación de Ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos y un desfalco a los fondos asignados por la JCE para cubrir los gastos de las elecciones dominicanas en el exterior en 2020 que ascendió a casi 5 millones de dólares.(Aproximadamente unos 272 millones de pesos dominicanos).
Según una investigación realizada por el periódico El Faro Latino, cuya auditoría forense dice que encontró una serie de ilícitos y recomendó que todos funcionarios de la JCE que manejaron fondos de la institución en el exterior y los que ordenaron la quema y desaparición de los votos nulos en Nueva Jersey, Pennsylvania y Washington, DC., fueran sometidos a la justicia mediante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Según se explicó, Yomare Polanco realizó un sometimiento sin que hasta ahora se haya realizado ninguna acción de los fiscales en contra de los acusados, cuyo listado encabezan Castaños Guzmán y Cruz Herasme.
Agrega que el pleno que sustituyó al antiguo, presidido por Román Andrés Jáquez Liranzo realizó una auditoría interna, encontrando los mismos ilícitos que el periódico El Faro Latino. Sin embargo, en un evidente contubernio de protección, nunca han movido las facultades de control interno de ese organismo, que responsabilizan al pleno a someter a la justicia a los infractores penales.
Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, arrojó la sentencia # TC/013/23 fundamentada en el expediente #TC-2021-0030 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el PLD y el doctor Yomare Polanco Sánchez contra la sentencia número TSE-793-2020 dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 30 de julio de 2020, pero que, sin embargo, fue vinculante y precisa, al ordenar a los organismos correspondientes hacer todo lo necesario para que los infractores de los delitos relacionados a la quema y desaparición de votos nulos y desfalco económico a los fondos electorales dominicanos en Estados Unidos, sean sometidos a la justicia sin que, hasta el momento, el pleno de la JCE haya canalizado los sometimientos ante la Procuraduría General de la República, en un franco acto de encubrimiento y desacato al máximo tribunal del país.
Seguro dicen existe un pugilato entre Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro Titular y Samir Rafael Chami Isa, miembro titular, para ver quien se gana el favor de sectores oscuros que influyen en esta elección y quedarse como presidente de la JCE más allá del 2024.
Según denunció el propio doctor Yomare Polanco, estos tres funcionarios estarían estilizando su caso para agendar el favor de esos sectores ensombrecidos en beneficio personal, ignorando por completo el deber de impartir justicia.
«Desde el Tribunal Superior Electoral (TSE), Junta Central Electoral (JCE) hasta el Tribunal Constitucional (TC), todos le negaron el debido proceso al caso del Dr. Yomare Polanco, razón por la que, entre otros, Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro Titular y Samir Rafael Chami Isa, Miembro Titular ya están en la demanda en el Tribunal Federal del Circuito Este de Pennsylvania», sostiene un comunicado.
También señala que un grupo de consultores jurídicos, estudia la metodología que usarán para solicitar al Departamento de Justicia Norteamericano, que sean incluidos en la lista de perseguidos bajo el estatus de la Ley R.I.C.O.
Sostienen que esta demanda tiene alcance internacional, sobre todo, que el fraude electoral en contra de Yomare Polanco y el desfalco a los fondos para organizar las elecciones dominicanas en el exterior, porque se cometieron en territorio norteamericano.
Sobre la Ley RICO
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO), por sus siglas en inglés, fue aprobada por el Congreso «para erradicar el crimen organizado en Estados Unidos.» Se aprobó en 1970 y su objetivo es perseguir a los jefes de la mafia que habían escapado a la acción de la justicia porque no cometían los delitos, sino que supuestamente habían ordenado a otros.
