Red de narcotráfico financió campañas electorales
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De acuerdo con el Ministerio Público, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico financió de forma completa la campaña electoral del diputado perremeísta por Santiago, Nelson Marmolejos Gil. Erick Randhiel Mosquea Polanco habría invertido, tan solo el día de las elecciones, más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.
La revelación la hizo Torres Bueno durante una conversación telefónica del pasado 9 de julio de 2020, que es citada en el expediente del Ministerio Público.
La red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada, realizó operaciones ilícitas desde el año 2012, las cuales se habrían intensificado desde el año 2017 según las evidencias obtenidas.
Según asegura el Ministerio Público, la red creó una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína de República Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
Los imputados traficaron unos 2,500 kilos de cocaína semanales y producto de sus acciones criminales se han estimado inversiones de unos RD$10 mil millones. La organización criminal movilizó mas de US$500 millones a través del tráfico de miles de kilos de drogas,
Entre las características del entramado criminal figura la colocación de fondos millonarios en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, compra de vehículos de lujo, de fincas, ganado, relojes costosos y otros.
Usaron documentos con falsedades para ocultar el rastro de su origen ilícito, compraron conciencias, lealtades e impunidad, e involucraron a decenas de personas, algunas que ostentaron cargos públicos.
Los criminales fueron ayudados por sujetos obligados, que obviaron su rol al servir a la estructura criminal, como abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados.
Los hallazgos fueron logrados tras esfuerzos en conjunto de los organismos de investigación y persecución nacionales e internacionales integrados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
