Rafael Castillo exhorta a los munícipes a exigir el respeto de sus derechos ante la Alcaldía de Santo Domingo Este
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo Este atraviesa una gestión municipal cuestionada por la improvisación, el autoritarismo y la falta de planificación. A esto se suman señalamientos sobre una posible invasión de las atribuciones del Concejo de Regidores y cuestionamientos acerca de la independencia de la Contraloría Municipal, órganos que, conforme al marco legal vigente, desempeñan funciones esenciales para garantizar la fiscalización y el control de la gestión administrativa.
En ese sentido, la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 4 que se reconoce el derecho de las personas a una buena Administración Pública, el cual se concreta en una serie de derechos subjetivos de carácter administrativo. Entre ellos, el numeral 30 consagra el «derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas».
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, núm. 247-12, establece en sus artículos 5 y 10 disposiciones relativas a los objetivos de la Administración Pública y a la gestión pública de calidad, respectivamente.
Por si esto fuera poco, la Constitución de la República Dominicana establece, en su artículo 138, los principios que rigen la actuación de la Administración Pública, entre los que figuran:
- Legalidad: sometimiento estricto a la Constitución y a las leyes.
- Eficiencia: utilización racional de los recursos públicos para alcanzar los fines institucionales.
- Transparencia: acceso a la información sobre los actos públicos y claridad en la gestión.
- Responsabilidad: deber de rendir cuentas y responder por las actuaciones y omisiones de los funcionarios públicos.
A la luz de estos mandatos constitucionales y legales, resulta legítimo preguntarse qué está ocurriendo en nuestro Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde las críticas apuntan a una concentración excesiva de la autoridad en la figura que dirige la administración municipal. La percepción que se proyecta es la de una estructura en la que los directores tienen escaso margen para ejercer su criterio y tomar decisiones, como si su función se limitara a ejecutar las instrucciones del alcalde, sin autonomía suficiente para aportar ideas y soluciones.
Las reacciones de numerosos munícipes han sido evidentes en los últimos días. Así quedó de manifiesto durante la inauguración de una escuela en Cancino Adentro, en medio de las inquietudes relacionadas con la construcción de un pequeño puente que conecta esa comunidad con El Tamarindo. También se ha observado el malestar de los residentes de Maquitería, quienes denuncian una situación que describen como una verdadera pesadilla.
Los vecinos de este sector aseguran que viven rodeados de aguas estancadas, malos olores, polvo y abandono. Se trata de condiciones que afectan su calidad de vida y que requieren una respuesta urgente de las autoridades competentes.
Esta semana vimos al alcalde presentarse en Maquitería para dar un primer picazo y, como suele ocurrir, divulgar un video en las redes sociales en el que anunció su intención de convertir el sector en una especie de réplica de la Comuna 13 de Medellín, Colombia.
Que nadie se confunda: nadie se opone al embellecimiento de una comunidad ni a la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar sus espacios públicos. El problema es que, ante las dificultades que enfrentan los residentes, el anuncio fue recibido por algunos como una provocación, como si se pretendiera ofrecer un espectáculo mientras las necesidades más urgentes continúan sin respuesta.
Hace más de un año se rompió la calle para ejecutar trabajos de drenaje pluvial, cuya terminación, según se informó a los residentes, estaba prevista en un plazo de 45 días. Sin embargo, la obra continúa inconclusa, de acuerdo con las denuncias comunitarias.
El joven comunitario Alexander, vinculado a la Fundación Juventud Maquiteria, ha denunciado las consecuencias de esta situación. Entre los problemas señalados figuran los accidentes frecuentes, las dificultades que enfrentan las personas envejecientes para salir de sus viviendas, las molestias respiratorias asociadas al polvo y las pérdidas económicas que, según los comerciantes, están sufriendo sus pequeños negocios. A esto se suma la incertidumbre de los residentes, quienes aseguran que no reciben información clara sobre la fecha de terminación de los trabajos.
Otro joven de la comunidad expresó su indignación con tal vehemencia durante el acto del primer picazo que prefiero no reproducir sus palabras. Su reacción, sin embargo, refleja el nivel de frustración que existe entre quienes llevan meses esperando una solución.
La situación de Maquitería resulta preocupante. Los residentes denuncian que han tenido que acostumbrarse a la pestilencia del agua estancada y temen las consecuencias sanitarias de las condiciones ambientales en las que viven. La acumulación de agua puede favorecer la proliferación de mosquitos, mientras que el polvo generado por una calle deteriorada puede agravar las molestias respiratorias, especialmente entre niños y adultos mayores.
Todo esto plantea interrogantes sobre la planificación, la supervisión y la ejecución de una obra que, según las denuncias, comenzó sin que hasta ahora se haya ofrecido información pública suficientemente clara sobre sus responsables y plazos. La ausencia de un letrero informativo en el lugar, de acuerdo con los residentes, aumenta la incertidumbre acerca de la institución responsable, el contratista y las características del proyecto.
Por ello, emplazamos públicamente al alcalde a que ofrezca una solución definitiva y procure que, antes de Navidad, los trabajos estén concluidos, siempre que las condiciones técnicas y contractuales lo permitan. Maquitería necesita recuperar la normalidad y sus residentes merecen vivir en condiciones dignas. No vamos a dejar de reclamar una respuesta para esta comunidad.
Hay preguntas que las autoridades deben contestar con documentos y explicaciones verificables: ¿cuánto cuesta la obra?, ¿cuándo fue licitada o contratada?, ¿cuál es su presupuesto?, ¿quién es el contratista?, ¿qué institución tiene a su cargo la ejecución?, ¿qué pagos se han realizado y cuál es el cronograma actualizado?
Estas interrogantes no son un capricho ni una persecución política. Son preguntas legítimas sobre el uso de los recursos públicos y la obligación de las instituciones de rendir cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer las respuestas.
Pero Maquitería es apenas una muestra de los problemas que, según denuncian los munícipes, afectan a Santo Domingo Este.
La recogida de basura: un servicio bajo cuestionamiento
¿Qué está ocurriendo con la recogida de basura en Santo Domingo Este? Las quejas ciudadanas describen un servicio deficiente, con alteraciones en las rutas y frecuencias de los camiones recolectores, acumulación de residuos, malos olores y proliferación de vertederos improvisados.
La situación exige explicaciones y medidas correctivas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se están utilizando los recursos destinados a la recolección de los desechos sólidos, qué resultados han producido los mecanismos implementados por el Ayuntamiento y por qué persisten los problemas en distintos sectores del municipio.
También corresponde aclarar qué función cumplen las denominadas cajas instaladas como parte de las iniciativas municipales, cuánto han costado y cuáles son los resultados concretos que han generado. Si se invirtieron recursos públicos, la administración debe explicar sus objetivos y demostrar su utilidad.
Un ayuntamiento no puede conformarse con anunciar iniciativas ni exhibirlas en las redes sociales. Su obligación es garantizar servicios eficientes, evaluar sus resultados y corregir las deficiencias que afectan a la población.
Presupuesto Participativo: obras que deben ejecutarse y recursos que deben justificarse
Otro asunto que merece una explicación detallada es el Presupuesto Participativo Municipal, un mecanismo concebido para que las comunidades intervengan en la identificación y priorización de las obras que necesitan sus sectores.
Este instrumento no puede convertirse en un simple trámite para cumplir formalidades ni en una herramienta de propaganda. Su finalidad es que las necesidades de la gente se traduzcan en obras concretas, ejecutadas con transparencia y sujetas a fiscalización.
En ese contexto, hemos recibido denuncias sobre obras correspondientes al año 2025 que habrían sido reportadas como concluidas pese a que, según los cuestionamientos planteados, solo se ejecutaron parcialmente. Entre los casos señalados figura el de los callejones de La Ribera del Ozama.
De acuerdo con los datos que manejamos, se habrían presupuestado RD$2.5 millones para intervenir alrededor de 17 callejones. Sin embargo, las informaciones disponibles apuntan a que la ejecución económica habría sido inferior a RD$1.4 millones y que solo se habría intervenido aproximadamente la mitad de los espacios contemplados.
Estas cifras deben ser contrastadas con los expedientes de contratación, los informes de cubicaciones, los comprobantes de pago, las actas de recepción y los reportes de ejecución presupuestaria. Precisamente, esa documentación permitiría establecer con claridad cuánto se presupuestó, cuánto se ejecutó y cuál es el estado real de cada intervención.
Si las cifras se confirman, estaríamos ante una situación que ameritaría explicaciones formales de los responsables y una revisión por parte de los órganos competentes de fiscalización.
Por eso, las preguntas siguen en pie: ¿qué ocurrió con los recursos destinados a los callejones que no fueron intervenidos?, ¿por qué se habrían reportado como concluidas obras que, según las denuncias, permanecen incompletas?, ¿dónde están los documentos que acreditan la ejecución del presupuesto y la recepción de los trabajos?
La respuesta debe ofrecerse con transparencia, documentos y rendición de cuentas, no con evasivas.
Santo Domingo Este necesita una administración municipal que planifique, escuche, ejecute y rinda cuentas. Necesita funcionarios capaces de asumir responsabilidades, instituciones que ejerzan sus atribuciones sin interferencias indebidas y mecanismos de fiscalización que funcionen con independencia y rigor.
Los munícipes no están pidiendo favores. Están exigiendo servicios públicos eficientes, obras bien ejecutadas y el respeto a sus derechos. Gobernar una ciudad no consiste en organizar actos, dar primeros picazos ni publicar videos en las redes sociales. Gobernar significa resolver los problemas de la gente y administrar los recursos públicos con responsabilidad.
Maquitería, La Ribera del Ozama y los demás sectores de Santo Domingo Este merecen respuestas. Y esas respuestas deben llegar con hechos verificables, plazos definidos y una gestión que entienda que el Ayuntamiento está al servicio de la ciudadanía, no al servicio de quien lo dirige.
El autor es licenciado en Derecho, con maestrías en Administración Pública, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y Municipal.
