Poder Ejecutivo elimina límite de edad en la vigencia de las licencias de conducir
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El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dictó el Decreto núm. 675-26, de fecha 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se modifica el Reglamento de Licencias de Conducir, con el objetivo de asegurar la aplicación efectiva de la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional y evitar un vacío normativo que pudiera generar inseguridad jurídica en perjuicio de los ciudadanos.
La nueva disposición, que deroga el Decreto núm. 330-26, establece que la vigencia de las licencias y autorizaciones para conducir será uniforme por un período de cuatro (4) años, con vencimiento el día del cumpleaños del titular, conforme a lo establecido en el artículo 208 de la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Con esta medida, el Poder Ejecutivo acata el mandato del Tribunal Constitucional, que declaró no conforme con la Constitución la distinción basada exclusivamente en la edad para condicionar o reducir la vigencia de las licencias. Asimismo, adopta disposiciones adicionales para garantizar que no exista discriminación por razones de edad en los procesos de renovación.
El decreto establece expresamente que, en ningún caso, la edad por sí sola podrá ser utilizada como criterio único para limitar, reducir o denegar la vigencia de una licencia o autorización para conducir.
La evaluación de la aptitud para conducir se realizará mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, conforme a las facultades que la Ley núm. 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La normativa reafirma que la suspensión o cancelación de una licencia solo procederá por las causales establecidas en la ley: cuando el titular deje de cumplir con los requisitos exigidos o cuando se acredite, mediante certificado médico, la imposibilidad permanente, física o mental, para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano ratifica su compromiso con el respeto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente de los adultos mayores, promoviendo su integración a la vida activa y comunitaria sin exclusiones arbitrarias.
El Poder Ejecutivo reitera así su disposición de cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalidad del país y garantizando que el marco normativo esté al servicio de la dignidad humana.
