Luis Abinader, un presidente y un precedente histórico
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Por: Rhodes Espinal | Columna: Lo Global con Rhodes Espinal
En la evolución democrática de las naciones, la verdadera transparencia no se mide por la retórica de los discursos, sino por la firmeza y la valentía de las acciones institucionales. El pasado 3 de septiembre de 2026, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tomó una decisión que, por su alcance e importancia, merece ser valorada como histórica y trascendental: autorizar a la Contraloría General de la República a publicar progresivamente los informes de las auditorías realizadas a las instituciones públicas.
Lo verdaderamente significativo de esta decisión es que las fiscalizaciones corresponden al período de gobierno 2020-2024 y a parte de la gestión actual, es decir, a períodos encabezados por el propio mandatario. De esta manera, su administración queda también sometida al escrutinio de la ciudadanía.
Esta determinación refleja un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el libre acceso a la información pública. El pueblo dominicano, que con justa razón exige conocer cómo se administran sus recursos y en qué se invierte el dinero del Estado, cuenta ahora con una vía institucional para acceder a información relevante sobre la gestión gubernamental.
Al amparo de las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución de la República, el jefe de Estado ha respaldado una medida que contribuye a superar la cultura del secretismo y abre espacio a una mayor rendición de cuentas, sin privilegios ni favoritismos.
El impacto práctico de esta disposición comenzó a materializarse el 2 de octubre de 2026, cuando la Contraloría General de la República inició formalmente la publicación de los documentos. En esta primera fase, el órgano de control interno puso a disposición de la opinión pública un conjunto de 28 informes de auditoría, integrado por 25 evaluaciones de carácter integral y tres informes de seguimiento, que abarcan el período comprendido entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
Lejos de constituir un ejercicio meramente simbólico, la publicación de estos informes representa una herramienta fundamental para fortalecer la supervisión estatal. Su análisis puede contribuir a identificar áreas críticas que requieran correctivos, así como a mejorar las prácticas administrativas de los ministerios y las instituciones evaluadas.
Entre las entidades sometidas a este proceso de fiscalización figuran ministerios de gran relevancia, como el de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Energía y Minas, Juventud y Mujer. También se incluyen dependencias como la Dirección General de Migración (DGM), la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), la Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC), la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Asimismo, el proceso de fiscalización abarca instituciones vinculadas a la seguridad y la salud, entre ellas la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), el Ejército de la República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA) y el Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL).
Desde nuestra tribuna en Lo Global con Rhodes Espinal, valoramos esta iniciativa como un posible punto de inflexión en el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana.
Someter al escrutinio público las actuaciones de los ministerios y de los organismos militares y de seguridad no es una tarea sencilla, especialmente en sociedades donde persisten prácticas administrativas poco transparentes. Por ello, la publicación de estos informes constituye una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una cultura de responsabilidad institucional.
Con esta decisión, el presidente Luis Abinader respalda una visión en la que el control interno no debe convertirse en un mecanismo para ocultar información, sino en una herramienta para identificar debilidades, corregir irregularidades y promover una gestión pública más eficiente, transparente y responsable.
No obstante, el verdadero alcance de esta iniciativa dependerá de que los hallazgos de las auditorías reciban la atención correspondiente, se adopten las medidas correctivas necesarias y, cuando proceda, se establezcan las responsabilidades pertinentes.
Al final del día, gobernar democráticamente implica recordar que el poder emana del pueblo y que los recursos del Estado pertenecen a todos los ciudadanos. Por eso, la transparencia no debe limitarse a publicar documentos: debe traducirse en resultados, responsabilidad y confianza pública.
