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El Gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pondrá en jaque a las micro y pequeñas empresas, así como a las personas físicas que no se acojan al sistema de facturación electrónica antes del vencimiento del plazo establecido para el próximo 15 de noviembre.

La medida llega en un momento de presión económica para los pequeños negocios, que enfrentan el aumento de los combustibles, la falta de circulante y el incremento de los costos operativos, una combinación que amenaza con agravar la situación de muchos emprendedores que luchan por mantener sus puertas abiertas.

Para algunos establecimientos, la acumulación de estas presiones podría convertirse en la gota que derrame el vaso y acelerar el cierre de negocios que ya operan con márgenes reducidos y dificultades para cubrir sus gastos.

Aunque el director general de la DGII, Pedro Urrutia, anunció que la institución trabajaba en un mecanismo simplificado para facilitar la incorporación de los pequeños negocios, todavía está pendiente conocer su disponibilidad y las condiciones para acceder a esa herramienta.

Urrutia explicó que la iniciativa, denominada provisionalmente «1, 2, 3, 4», permitiría a los pequeños comerciantes registrarse en cuatro pasos desde un teléfono móvil y vincularse directamente con el sistema de facturación electrónica.

El funcionario indicó que esperaba tener disponible el mecanismo a mediados de octubre.

Sin embargo, a pocos días de finalizar ese mes, los contribuyentes necesitan información precisa sobre su puesta en funcionamiento y las facilidades que tendrán para completar el proceso antes de la fecha límite.

El último plazo de seis meses concedido a las pequeñas empresas vence el 15 de noviembre, lo que reduce el tiempo disponible para quienes todavía no han completado la adaptación.

Pequeños negocios al borde de desaparecer

La preocupación radica en que numerosas micro y pequeñas empresas deben adecuar sus procedimientos administrativos y tecnológicos mientras intentan sostener sus operaciones en un escenario de mayores costos y dificultades económicas.

La falta de información oportuna sobre las herramientas anunciadas podría aumentar la incertidumbre entre comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes, especialmente entre quienes necesitan orientación para cumplir con los nuevos requerimientos.

Ante la proximidad de la fecha límite, se espera que la DGII informe si el mecanismo prometido ya está disponible, cómo podrán utilizarlo los contribuyentes y qué asistencia ofrecerá a quienes enfrenten dificultades para incorporarse al sistema.

El desafío para las autoridades será garantizar que los pequeños negocios dispongan de información clara y herramientas accesibles para cumplir con esta obligación tributaria, sin que las dificultades de adaptación se sumen a las presiones económicas que ya amenazan la continuidad de muchos establecimientos.

Para miles de emprendedores, la preocupación es mantener sus negocios funcionando, conservar los empleos que generan y evitar que la acumulación de obligaciones y costos termine empujándolos al cierre definitivo.

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