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El diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz permanecerá detenido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico, tras presentarse este viernes ante un juez federal de la ciudad de Miami que le leyó formalmente la acusación.

Gutiérrez Díaz, de 58 años, arrestado el lunes pasado en Miami, se presentó hoy ante el juez John O’Sullivan, que por ahora lo mantendrá en prisión, como lo ha solicitado la Fiscalía al considerarlo un «riesgo de fuga y peligro para la comunidad».

El diputado, su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, y los hermanos Endy de Jesús Núñez Mármol y Danny Núñez Mármol están acusados de conspiración para traficar y distribuir cocaína.

El legislador, que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el lunes por la noche a su llegada en un vuelo desde su país, fue representado por el abogado Dennis Urbano durante la audiencia virtual.

El congresista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está acusado de hacer parte de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, el diputado cometió los ilícitos desde aproximadamente 2014 hasta 2017.

Los cuatro están acusados de conspirar para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y se enfrentan a cadena perpetua si son hallados culpables.

El presidente dominicano, Luis Abinader, opinó el martes que cada persona debe pagar por sus hechos al ser preguntado por la detención del diputado, que, como él, forma parte del PRM.

«Cada quien es responsable por sus hechos, cada quien que pague por sus hechos», dijo Abinader a la prensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tras participar en la apertura del Pacto Social.

La DEA Miami investigó el caso con la ayuda de diversos organismos públicos.

Los fiscales federales adjuntos Richard Getchell y Ellen D’Angelo de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero en el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Este enjuiciamiento es el resultado de los esfuerzos continuos del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales.

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