Despilfarro de recursos públicos en diversas instituciones del Estado dominicano
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El periódico digital elmunicipe.com, ha denunciado con alarmante frecuencia el despilfarro de los recursos públicos en diversas instituciones estatales.
Mientras tanto, el presidente Luis Abinader ha anunciado una serie de medidas para «controlar» el gasto, que incluyen la fusión y eliminación de entidades gubernamentales, buscando un ahorro de 25 mil millones de pesos.
Sin embargo, estas acciones no abordan el verdadero problema, y las consecuencias pueden ser devastadoras para las familias afectadas.
Primero, es necesario reconocer que la denuncia sobre el gasto alegre de los recursos del Estado no es nueva. Se trata de una constante en la gestión pública.
El verdadero problema está en la falta de transparencia y control interno en las instituciones, algo que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no se ha abordado con la seriedad que merece.
Ante esto, la propuesta del presidente Abinader de eliminar instituciones como medida de ahorro puede parecer razonable a primera vista.
Sin embargo, ¿es esta realmente la solución más adecuada?
Al eliminar y fusionar entidades, el gobierno podría estar sacrificando la estabilidad de miles de familias, cuyos ingresos dependen de estos empleos.
El golpe directo no solo será para los trabajadores cancelados, sino también para sus hijos, parejas y todo un ecosistema que se ve afectado por la pérdida de empleo formal.
El presidente parece olvidar que “la fiebre no está en la sábana”.
El problema no está en el mero hecho de que existan muchas instituciones, sino en la gestión de los recursos dentro de ellas.
En lugar de aplicar soluciones cosméticas que generan titulares, el verdadero reto está en crear políticas de control que promuevan la transparencia y eficiencia, eliminando la corrupción y el derroche, no solo los empleos.
¿Por qué no iniciar un proceso de auditoría rigurosa para identificar dónde se filtran los recursos?
El Estado tiene una obligación no solo con el buen uso de los fondos públicos, sino también con la estabilidad social y económica de los ciudadanos.
Si bien la eliminación de instituciones puede generar un ahorro inmediato, ¿qué pasará con el impacto a largo plazo en las comunidades donde estos empleados hoy sustentan a sus familias?
¿Qué costo tendrá este «ahorro» cuando miremos hacia atrás y veamos el deterioro en la calidad de vida de quienes fueron afectados por estas cancelaciones?
Es necesario hacer un llamado a la prudencia. Las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias irreversibles.
