Comercios chinos en la mira: evasión fiscal, abusos laborales y competencia desleal
Una exhaustiva pesquisa del equipo de investigación de ElMunicipe.com ha destapado un patrón de irregularidades en múltiples establecimientos comerciales operados por ciudadanos chinos en la República Dominicana. La investigación, basada en datos oficiales, inspecciones y testimonios de expertos, revela un escenario preocupante que amenaza la equidad del comercio y los derechos laborales en el país.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo, con respaldo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), procedieron al cierre de 13 establecimientos ubicados en el Gran Santo Domingo. Las investigaciones arrojaron más de 200 infracciones al Código de Trabajo, incluyendo: ausencia de contratos formales, jornadas prolongadas sin pago de horas extra, falta de afiliación a la seguridad social, sueldos por debajo del mínimo legal y condiciones laborales inadecuadas.
Desde el punto de vista fiscal, se evidenció que varios negocios operaban sin autorización, sin emitir comprobantes fiscales (NCF) y evadían tributos como el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta. Estas prácticas no solo representan actos ilegales, sino que también significan pérdidas millonarias para el fisco dominicano y distorsionan la competencia en el mercado.
Numerosos comerciantes dominicanos coinciden en que esta situación ha derivado en una competencia desleal. Como expresó un empresario consultado por ElMunicipe.com:
“Es frustrante ver cómo algunos prosperan violentando la ley, mientras quienes cumplimos con nuestras obligaciones luchamos por mantenernos”.
En contraste, Rosa NG Báez, portavoz del Centro de la Colonia China, calificó estas intervenciones como “injustas” y “selectivas”. No obstante, documentos oficiales presentados por el Ministerio de Trabajo y la DGII desmienten esta acusación, detallando que se siguieron todos los procedimientos legales y que los cierres fueron consecuencia de advertencias previas y pruebas documentadas.
Especialistas en derecho laboral consultados consideran que estas medidas representan un momento decisivo para fortalecer el orden económico. “El país necesita inversión extranjera, pero dentro del marco legal y con reglas claras. Si se permite que algunos operen fuera del sistema, se socava la credibilidad institucional”, manifestó un abogado laboralista entrevistado por este medio.
Las autoridades han anunciado que los operativos continuarán a nivel nacional, como parte de un plan estratégico para mejorar la formalización del empleo, aumentar la recaudación fiscal y defender el Estado de Derecho.
