Jurista advierte falta de calidad jurídica en la impugnación de licencia ambiental del Aeropuerto Internacional de Bávaro
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Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIB, S.A.S, refutó con base documental ante el Ministerio de Medio Ambiente, por falta de calidad jurídica, todos los alegatos presentados por la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) para tratar de anular la licencia ambiental al nuevo proyecto.
El jurista Luis Miguel Pereyra presentó un escrito de más de 70 páginas a la institución estatal, en el que explica cómo el AIB, que busca ampliar las facilidades de transporte aéreo en la zona, cumplió correctamente los términos de referencia con el propósito de obtener la citada licencia, para cuya aprobación el ministerio se tomó 240 días.
Sugirió que Medio Ambiente declare inadmisible el recurso de reconsideración de la CAE por carecer de base jurídica y ante la imposibilidad de demostrar la afirmación de que el ministerio actuó de espaldas a la ley al conceder la licencia ambiental al Aeropuerto Internacional de Bávaro.
El documento jurídico establece que los gestores del AIB hicieron dos vistas públicas consecutivas, cuyas convocatorias tuvieron suficiente publicidad como establece la ley y que los oponentes al proyecto no se presentaron a ninguna, pero tampoco opinaron sobre el estudio de impacto ambiental en el plazo que establecen las normas.
Señala que el estudio ambiental del proyecto fue hecho por la empresa Coydisa SRL, representada por el ingeniero José Ariza Durán, “uno de los profesionales más connotados en evaluaciones medioambientales.”
En ese sentido, definió como falsa, “ligera e insustancial” la afirmación de la CAE, propiedad del Grupo Puntacana, en el sentido de que se contrató para el estudio a una empresa no registrada en el Ministerio de Medio Ambiente.
Explicó que todo lo relacionado con el impacto de aves tiene base en otro un estudio minucioso hecho por SOH Conservación (antigua Sociedad de Ornitología La Hispaniola), la entidad más reconocida a nivel del Caribe respecto a la investigación de avifauna, mastofauna y herpetofauna.
El estudio, firmado por Jorge Brocca y César Abrill, el 30 de septiembre de 2019, afirma: “La incidencia de las aves en los terrenos del Aeropuerto Internacional de Bávaro está marcada en las rutas de migración que se presentan en la zona, detectandose la zona Este Suroeste de la República Dominicana como núcleo de migración hacia Sudamérica, pero no afectaría para nada el solar objeto de estudio.”
Argumenta que la cantidad de aves y su distribución oscilaría en todo el Este del país, desde Miches a Punta Cana, pues las mismas se reúnen en la costa no generando problemas a las actividades planeadas por el proyecto (AIB, S.A.S)
“Debemos hacer mención del Aeropuerto Internacional de Punta Cana en la misma ruta migratoria del resto de las aves que cruzan la costa del país, sin que se hayan observado especiales incidencias en el tráfico aéreo o en los desarrollos turísticos de Punta Cana, Bávaro, Macao y Uvero Alto”, concluyen los expertos.
Por otro lado, el documento depositado ante Medio Ambiente se refiere, entre otros temas, a la supuesta falta de previsión para levantar la infraestructura habiendo un vertedero a dos kilómetro del lugar seleccionado. Afirma que el vertedero de Duquesa está a 1,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional La Isabela, sin que esto afecte sus operaciones, por lo cual la objeción carece de méritos.
La contestación, entregada recientemente de manera formal al Ministerio, da respuestas a cuestionamientos sobre el inventario de flora existente en el lugar de la construcción, acuíferos, las especies protegidas o en peligro de extinción, la tecnología y otros tópicos atacados por la CAE.
Plantea que la obra no contraviene el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico (POTT), Punta Cana, Bávaro, Macao, aspecto certificado por oficio del Ministerio de Turismo.
Manifiesta que la CAE no precisa en su recurso de reconsideración cuáles son las razones por las que el Ministerio de Medio Ambiente incurrió, supuestamente, en violación de la seguridad jurídica, el debido proceso de ley, el principio de legalidad y la confianza legítima.
Igualmente, evidencia que la CAE no explica “mínimamente por cuales motivos atribuye a Medio Ambiente haber vulnerado principios y garantías jurídicas” al otorgar la licencia ambiental al Aeropuerto Internacional de Bávaro.
