Plan incluye amnistía fiscal, elimina el anticipo y aumenta las deducciones por gastos educativos
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El Gobierno dominicano someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas. La iniciativa también contiene medidas orientadas a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la propuesta, concebida en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
El Plan Anticrisis para la Sostenibilidad y la Protección de la Población frente a la Crisis Global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para mantener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social.
El funcionario afirmó que “la República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”.
El proyecto fue diseñado bajo una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni en su tasa ni en su base imponible; no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones; y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias.
La principal medida de consolidación fiscal consiste en una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial, que se elevaría al 30 % durante tres años y sería aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esta categoría comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8 % del total.
A esta medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, de 0.15 % a 0.20 %; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para las importaciones realizadas por contribuyentes informales; amplía las retenciones del ISR en sectores de difícil fiscalización; introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles; y otorga al Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones relacionadas con leyes de incentivos, con el objetivo de evitar abusos.
Alivio para la clase media y las pymes
La iniciativa también contempla disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre los segmentos de menores ingresos. En el caso de las personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal, que no se actualiza desde hace aproximadamente una década, y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingresos.
Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25 % al 30 %, y hasta el 50 % cuando dichos gastos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas —que representan el 78 % de las empresas que reportaron ISR en 2025— se eliminan los anticipos del impuesto. Las pequeñas empresas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de doce. Asimismo, el sector agropecuario quedará exento de anticipos y del impuesto a los activos.
El proyecto también deroga figuras tributarias consideradas anacrónicas. Entre ellas figuran la ley que grava las hipotecas, vigente desde 1890; la ley de impuesto a los fósforos, de 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966. Además, se eliminarán gradualmente los impuestos aplicados a la constitución de compañías y el Impuesto Selectivo sobre los seguros de vida, medidas que el Gobierno considera obstáculos para la competitividad y la formalización.
El Gobierno también pone de su parte
El criterio rector, según la presentación del ministro, es “comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado”.
Explicó que en 2025 el gasto corriente se redujo en 0.5 % del PIB, mientras que el gasto de capital aumentó. Asimismo, señaló que el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, al representar el 0.099 % del PIB y el 0.52 % del gasto total durante el período 2021-2025, por debajo de los promedios históricos de la década precedente (0.109 % y 0.62 %, respectivamente).
En ese mismo período, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue cumplida con holgura en su primer año de aplicación, lo que permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México —nación con grado de inversión— e inferiores a las de Colombia, registrando los márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.
