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Víctor -Ito- Bisonó Haza, actual ministro de Industria, Comercio y Mipymes, encabeza la lista de funcionarios que la población entiende deben ser destituidos por el presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto.

Consultadas diversas personas en las calles, a Bisonó se suman otros funcionarios que, según la población, deben ser reemplazados debido a una gestión considerada ineficiente o desconectada de las necesidades reales de la gente.

Entre los nombres mencionados se encuentran Limber Cruz López, ministro de Agricultura; Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda; Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, director de la CAASD; y Fabricio Gómez Mazara, director de PROMIPYME.

La lista también incluye a Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE); Luis Valdez, director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Martín Robles Morillo, administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); y Rafael Salazar, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Asimismo, se mencionan a Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales y del CEA; Duarte Méndez, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado; Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); y Yadira Henríquez, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP).

A esta lista se suman también Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), y Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, quienes, de acuerdo con sectores ciudadanos consultados, deben ser reemplazados por nuevas figuras con mayor conexión con las comunidades y capacidad de gestión.

El reclamo ciudadano se produce en un contexto de expectativa por los cambios que se esperan en el tren gubernamental tras la reelección del presidente Abinader, en medio de cuestionamientos por la falta de eficiencia, promesas incumplidas y reclamos de transparencia en distintas áreas del Estado.

Sectores sociales y ciudadanos consultados insisten en que el presidente tiene la oportunidad de enviar una señal de renovación y compromiso con la eficiencia gubernamental.

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