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La mala política fiscal que golpea a los más necesitados en República
Dominicana.

En medio de una crisis económica que afecta a gran parte de la población
dominicana, las recientes medidas fiscales del gobierno no solo aumentan la
carga tributaria, sino que lo hacen en perjuicio directo de quienes menos tienen.
El aumento desproporcionado de los peajes, que pasó de 60 a 200 pesos, es un
claro ejemplo de cómo los costos diarios para transportarse se disparan,
afectando especialmente a quienes dependen del transporte público para trabajar
y estudiar.

Además, la DGII impuso un 2% de gravamen sobre el uso de tarjetas de consumo,
afectando a más de mil dominicanos, mientras que el INTRANT aplica nuevos
cobros para registrar motocicletas: RD$900 para la primera y RD$300 por cada
adicional. Para muchas familias, estas motocicletas son un medio básico para su
sustento diario.

La unificación y aumento del ITBIS al 18% encarece bienes y servicios esenciales
como alimentos procesados, ropa y combustibles. El incremento en el impuesto
selectivo al consumo eleva aún más el precio de productos como tabaco y
alcohol, lo que, aunque busca desalentar su consumo, reduce el poder
adquisitivo de quienes ya luchan para llegar a fin de mes.

A esto se suma la eliminación de exenciones en compras por internet, la supresión
de deducciones por gastos educativos en el impuesto sobre la renta y la reducción
del monto exento en el impuesto al patrimonio inmobiliario, medidas que
sobrecargan la factura fiscal del consumidor final, especialmente de la clase
media y baja.

Es vital comprender que, aunque los impuestos y las tasas tengan diferencias
técnicas, para el consumidor final o el pueblo llano es lo mismo. Pueden
llamarlos como quieran, pero ambos persiguen un único fin: recaudación e
imposición. Y esa carga recae con mayor fuerza sobre quienes menos recursos
tienen.

Mientras tanto, las modificaciones tributarias que afectan a empresas y sectores
privilegiados reciben un trato diferente, dejando a los más vulnerables soportando
la peor parte de esta política fiscal injusta.

Sin dejar a un lado los altos precios de los combustibles a pesar de una tasa de
dólar relativamente estable y un barril de petróleo a desplomado. Quedando en
promesas campaña, debiendo someter al congreso la modificación y adecuación
de la Ley para lograr la baja del motor de una economía (Los combustibles), por el
contrario, aprobando prestamos descontrolados, los intentos por limitar la
opinión pública, los proyectos de Ley que buscan colocarles nombres a calles,
entre otras sandeces, esto nos indica la calidad y limitada capacidad y
compromiso de los que están llamados a representarnos.

Es urgente cuestionar y exigir políticas fiscales que protejan a los más
necesitados y promuevan un desarrollo económico justo, no que profundicen
la desigualdad y el sufrimiento del pueblo dominicano.

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