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La Procuraduría General de la República Dominicana anunció este domingo que solicitará a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la apertura de una investigación contra varios legisladores protegidos por inmunidad parlamentaria para aclarar sus vínculos con una importante red de narcotráfico internacional.

La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que hay «varios» legisladores implicados en el caso, llamado operación Falcón, pero dijo que el Ministerio Público solo revelará sus nombres una vez lo solicite al alto tribunal.

«A partir de mañana el Ministerio Público estará solicitando a la SCJ que designe un juez instructor especial a los fines de instruir el proceso de aquellos que tienen privilegio de jurisdicción», dijo Reynoso en declaraciones a periodistas en la ciudad de Santiago.

Este domingo un tribunal de Santiago inició el análisis del caso, que investiga a una red de narcotráfico que, según las pesquisas, traficaba desde 2012 cerca de 2.500 kilos de cocaína semanales con destino a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Por el que de momento hay 21 personas implicadas, entre ellos el director del ente gubernamental Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue suspendido de sus funciones por el presidente dominicano, Luis Abinader, después de conocerse su arresto, el pasado miércoles.

Maldonado es militante del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), formación de Abinader, y está casado con una diputada de esa misma fuerza política, Faustina Guerrero.

El pasado miércoles, el Ministerio Público informó de que uno de los investigados es el diputado Héctor Darío Féliz, portavoz en la cámara baja del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien en el momento de lanzar la operación llevaba en su automóvil a uno de los detenidos.

La prensa dominicana, citando el informe del Ministerio Público señala que uno de los principales implicados en la red de narcotráfico es el diputado Nelson Marmolejos, del PRM.

Según esa versión, Marmolejos habría recibido dinero de la banda de narcotraficantes para financiar su campaña electoral en 2020.

Este no es el primer caso de narcotráfico que salpica a los diputados.

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, el diputado más votado en Santiago en las elecciones de 2020, también del PRM, fue detenido el pasado mayo en Miami (Estados Unidos) y está acusado de formar parte de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

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