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La decisión del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) de destinar RD$3,392,607.40 a la elaboración de la escultura “La Cruz de Mendoza”, mediante un proceso de excepción, ha desatado críticas en medio del panorama de incertidumbre económica que afecta al país debido a las tensiones internacionales y al impacto de la guerra en Medio Oriente.

Mientras los munícipes enfrentan aumentos en los precios de los combustibles, alimentos y servicios básicos, producto de la inestabilidad global y de las presiones económicas derivadas del conflicto internacional, distintos sectores cuestionan que el cabildo priorice una obra ornamental millonaria en lugar de concentrar los recursos en necesidades urgentes de las comunidades.

El proceso fue aprobado bajo la modalidad de “prestaciones de carácter personalísimo”, una figura legal que permite contrataciones directas sin licitación pública cuando, supuestamente, solo una persona o empresa posee las capacidades exclusivas para realizar el trabajo.

Sin embargo, expertos en compras públicas advierten que este mecanismo debe utilizarse de manera estrictamente excepcional, debido a que limita la competencia y reduce los niveles de transparencia.

La controversia aumenta debido a que Santo Domingo Este continúa arrastrando problemas estructurales relacionados con el drenaje pluvial, la recogida de basura, el asfaltado de calles y la recuperación de espacios públicos, demandas que durante años han sido reclamadas por residentes de distintos sectores del municipio.

Para críticos del proceso, resulta difícil justificar una inversión superior a los tres millones de pesos en una escultura en momentos en que la población siente el impacto de la inflación y el encarecimiento del costo de vida.

Además, señalan que el uso de un procedimiento de excepción impidió comparar precios y propuestas de otros artistas o empresas que pudieran ejecutar la obra a un menor costo para el Estado.

Documentos administrativos muestran que el Comité de Compras y Contrataciones del ASDE aprobó la contratación directa sin realizar un concurso abierto, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios técnicos utilizados para determinar que la obra solo podía ser ejecutada por un proveedor específico.

Mientras el Gobierno central insiste en la necesidad de racionalizar los recursos ante el impacto internacional de la crisis energética y comercial provocada por la guerra en Medio Oriente, la decisión del ASDE es vista por muchos como un gasto innecesario y desconectado de las verdaderas urgencias de la población.

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