Jueza dicta prisión contra el mayor general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán
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La magistrada Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este lunes 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, imputado de presunta corrupción en la Operación Coral.
La jueza dictó pena similar en contra del coronel policial Rafael Núñez de Aza, del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como para la pastora evangélica Rossy Guzmán y su hijo, el cabo de la Policía Tanner Flete, supuestos testaferros de Cáceres y de Núñez de Aza.
En tanto, impuso arresto domiciliario, por igual periodo, al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, tras la solicitud que en ese sentido hizo el viernes el Ministerio Público un día después de que éste revelara cómo, supuestamente, desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
En la nómina de ambas instituciones se incluían a personas que no prestaban servicio, pero cobraban, aunque en realidad el dinero terminaba en manos de los altos mandos, según afirmó Girón Jiménez.
También ofreció detalles de las operaciones que llevaron a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
Las imputaciones del Ministerio Público y las posteriores declaraciones del mayor del Ejército provocaron numerosas reacciones en el país. Incluso, las Fuerzas Armadas emitieron el viernes un comunicado defendiéndose y señalando que las acusaciones no involucran a los organismos castrenses, si no a los acusados.
Tras el fallo de hoy, los representantes del Ministerio Público aseguraron que continuarán «trabajando» para desmantelar la supuesta red, en la que -según lo declarado por Girón Jiménez- están involucrados otros altos mandos militares.
De otro lado, los abogados de los imputados informaron que evaluarán si apelan o no la decisión de la jueza, que dispuso que las penas sean revisadas el 10 de agosto próximo.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público aseguró que en los allanamientos, fueron incautados «bienes millonarios» a los imputados, arrestados hace dos semanas.
