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El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Fuerza del Pueblo (FP), ingeniero Paíno Abreu Collado indicó que el Gobierno se ha quemado con el sargazo, mostrando incompetencia, falta de planificación y total desconocimiento para organizar una ruta de trabajo que ayude a gestionar el problema. Lo dicho queda demostrado en el reciente Decreto 379-23 que crea un consejo consultivo denominado Gabinete de Lucha contra el Sargazo.

Paíno refirió que desde que este gobierno asumió hace tres años, la llegada de esta macro alga a las costas dominicanas se ha acrecentado, afectando los ecosistemas costeros, la salud humana, las playas, el turismo, la pesca y hasta el sector energético.

Recalcó que mientras todo eso sucede, las autoridades han   sido incapaces de articular una estructura de carácter multisectorial que junto al sector privado oriente esfuerzos y recursos en la búsqueda de soluciones.

Lamentó que a tres años de gobierno el presidente Abinader y sus ministros desconozcan las competencias institucionales del Estado dominicano.

Asimismo, lamentó que habiendo técnicos calificados en el Ministerio de Medio Ambiente, donde se propició  una Mesa para la Gestión Integral del Sargazo, sumado al trabajo ya avanzado por las instituciones académicas y otras de la sociedad civil, el primer mandatario todavía no esté en contexto del tema cometiendo errores de la magnitud que se observa en el Decreto 379-23, donde hay fallas de toda índole, incluyendo numerosas faltas ortográficas que pasaremos por alto, para adentrarnos solo en las contradicciones y desconocimientos garrafales del mismo.

En el primer Considerando, el mismo Decreto 379-23 establece con claridad que es al Ministerio de Medio Ambiente a quien corresponde el manejo del tema. Citamos: “Que en su artículo 67 la Constitución de la República Dominicana establece como deber del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones”.  Sin embargo, al establecer responsabilidades, en el Art. 3 otorga la presidencia del Consejo al ministro de Turismo.

Es indudable que en el Palacio desconocen el ordenamiento jurídico nacional establecido en la ley 64-00, donde se dispone que los recursos costeros y marinos son regulados por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, incluyendo las playas y bienes de dominio público costeros.

De igual manera, el Decreto revela un gran desconocimiento técnico de quienes lo elaboraron, ya que denominar la estructura creada como Gabinete de Lucha contra el Sargazo implica desconocer lo que es el sargazo.  Ignoran que esta alga flotante es un elemento crucial del ecosistema marino, importantísimo para la dinámica de organismos que dependen de éste y que juntos conforman un hábitat, criadero, zona de alimentación y/o reproducción de diversas especies.

Abreu Collado recodó a los áulicos que el sargazo se convierte en problema solamente cuando llega a la costa en cantidades exageradas, luego, la acción que corresponde es gestionar el problema no luchar contra una especie marina.

Además de desconocer un tema institucional tan importante como es la rectoría en la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones al otorgar al Ministerio de Turismo la presidencia del llamado Gabinete, en vez de ser  al Ministerio de Medio Ambiente a quien corresponde de forma técnica, legal y funcional la gestión del sargazo, también deja de lado instituciones claves como el Ministerio de Salud Pública, entidad que a la fecha no tiene un protocolo para evitar o tratar las afectaciones a la salud de los ciudadanos y turistas que la presencia y descomposición del sargazo pudiera provocar.

El decreto también deja fuera al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trata de un problema regional y no local, y desde el cual se podría identificar fondos para proyectos que resuelvan un problema que no se origina en el país.

Así mismo, el Decreto deja fuera a los gobiernos locales, quienes deben participar en la gestión de los procesos, ya que cargan con el tema de los residuos si no se aprovechan.

Para colmo, el Decreto 379-23 también deja fuera las instituciones académicas, que por ser las que realizan investigaciones básicas debieron ser las primeras en recibir recursos para tales fines, como han hecho en otros países.

El gobierno comete también un tremendo dislate operativo, al abril la compuerta para que los responsables del llamado Gabinete “puedan hacerse representar por quienes designen”, convirtiéndolo de entrada en natimuerto, debido a que todos en este país saben lo que eso significa.

El profesional ambiental calificó el Decreto como vergonzoso de cabo a rabo, en virtud de que tampoco indica lineamientos; sino que deja el enfoque a discreción, cuando debió priorizar la prevención, los sistemas de alerta temprana, los pronósticos, formas de incrementar las capacidades locales, generar protocolos de actuación y responsabilidades, intercambios regionales y apoyo a la investigación, entre otras prioridades.

Es tan absurdo el Decreto de Abinader sobre el sargazo como prohibirle su entrada al país.

En fin, lamentamos que en manos del Gobierno de la improvisación quede un tema del que la República Dominicana pudiera ser, junto a México, un referente regional.

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